Los pioneros abandonados de la fotovoltaica: “Sigo creyendo en las renovables, pero no creo en los políticos”

“Recuerdo perfectamente el primer recorte, lo publicaron en el BOE poco antes de Navidad. Me había tomado unos días de vacaciones y de repente empezaron todos a llamarme; la gente venía a la oficina de la cooperativa llorando, estaba asfixiada económicamente y venía a desahogarse. Fue muy duro, yo les había invitado a montarse al barco y ese barco se hundía. Pero es que estábamos todos en el mismo barco”. En esa misma oficina de la planta solar La Jeresa, en Lorca (Murcia), Dioni Ruiz –52 años, auxiliar administrativa– rememora el tijeretazo a las ayudas económicas a la producción de energía solar fotovoltaica que ella y otros 417 socios de la cooperativa recibieron hasta 2010 por su inversión en una planta de cuatro megavatios de potencia instalada.

Como Dioni hay muchos más. Son los pioneros abandonados de la fotovoltaica. Más de 62.000 familias invirtieron sus ahorros, entre 2007 y 2008, para impulsar la incipiente producción solar del país, alentados por una campaña gubernamental que garantizaba un retorno de la inversión a los diez años. Pero llegó la crisis económica y una batería de medidas que culminó con la reforma eléctrica de 2013 y supuso un recorte retroactivo del 30% de sus ingresos, ahogando a estos pequeños inversores, en su mayoría agricultores y ganaderos. La justicia española consideró legales aquellos recortes, pero los tribunales internacionales, a los que acudieron los fondos de inversión extranjeros, hoy están dando la razón a los demandantes. Los pequeños productores españoles reclaman igualdad de trato.

En total, la asociación Anpier, que pelea por los derechos de los afectados y denuncia “una estafa de Estado”, calcula que la inversión media por persona rondó los 300.000 euros. Muchas familias tuvieron que refinanciar avalando los nuevos préstamos con sus bienes personales, principalmente sus casas, con créditos de hasta 20 años. En torno al 20% se vio obligado a malvender su instalación fotovoltaica al no poder asumir los gastos. En Lorca, el sindicato de agricultores COAG lideró el proyecto Huerta Solar de La Jeresa, una cooperativa social de 418 socios en la que cada uno es propietario de una instalación de 10kW. El parque, con una potencia total de 4MW, echó a andar en 2008. Funciona con una cuota que cubre el mantenimiento de las instalaciones. Cuando uno de los seguidores se estropea, la cooperativa asume el coste de la reparación e ingresa al propietario el importe que deja de percibir mientras no está en funcionamiento.

Dioni Ruiz, administrativa de 52 años, optó por refinanciar el préstamo. Todavía le quedan un par de años para devolver el crédito y tres más para recuperar los 15.000 euros que tuvo que ir aportando de su bolsillo para completar los pagos durante la temporada más crítica. "Accedieron porque vieron si no tendrían que embargarnos a todos

Dioni Ruiz trabajaba en COAG cuando se lanzó el proyecto y fue la encargada de explicárselo a los socios y animarles a apuntarse. Cuando vinieron los recortes, fue también la primera a la que se dirigieron en busca de una explicación. Al igual que la mayoría de los socios, Ruiz invirtió los 79.000 euros más IVA que costaba cada instalación gracias a un préstamo financiado al 100%. El cálculo era pagar los 840 euros mensuales de la letra del préstamo con los ingresos de la planta y amortizar la inversión a los diez años. Cuando llegaron los primeros recortes se acababa de meter en una hipoteca.

Su marido, pintor en el sector de la construcción, se había quedado en paro por la crisis. Tuvieron que mudarse una temporada a casa de la madre de ella para recortar todo lo que fuera posible. Al final, optaron por refinanciar el préstamo. Todavía le quedan un par de años para devolver el crédito y tres más para recuperar los 15.000 euros que tuvo que ir aportando de su bolsillo para completar los pagos durante la temporada más crítica. “Estuvimos negociando con el banco mucho tiempo, primero a nivel personal y luego de forma colectiva con la cooperativa. Fueron años muy difíciles. Finalmente, accedieron porque vieron si no, tendrían que embargarnos a todos”, resume.

“Fue una época criminal”, confirma Juan Francisco Torroglosa, ingeniero de 45 años y encargado del mantenimiento de La Jeresa. Él tenía 27 años y estaba a punto de casarse cuando entró en el proyecto alentado por su conciencia ambiental y el respaldo legal de la inversión. “Me veía al poco tiempo con una hipoteca. Trabajaba entonces en la obra, hubo la crisis inmobiliaria y se me juntó todo. Fue un drama. De todo se sale, pero hay que pasarlo”, dice ahora Torroglosa. No olvida aquellos años de hacer malabarismo con las tarjetas de crédito y de cubrir un préstamo con otro. “Estábamos en modo economía de guerra, no gastar nada de nada que no fuera pagar esto”, resume por su parte Jaume Pedrós, agricultor de 63 años. Él y su mujer invirtieron casi 500.000 euros en un parque solar en Lérida, que agrupa las instalaciones de 12 familias de la zona. Aportaron el 20% y el banco el 80%. Hicieron lo imposible por evitar refinanciar porque suponía disparar los intereses del préstamo. “Aguantamos como pudimos”, recuerda.

Mi marido trabajaba hasta 20 horas diarias para lograr más ingresos, mis hijas sabían que no podíamos permitirnos ningún extra. Lo pasamos muy mal. Yo sé lo que es ir al supermercado con la calculadora

Ángel Lario, de 68 años, agricultor jubilado de Murcia, invirtió con la intención de completar su jubilación. “El primer recorte equivalía a estar tres meses sin cobrar. Y pensamos, bueno, hay que apechugar con la crisis, es temporal. Pero siguieron más y más recortes… hasta que no podíamos aguantar la situación”, relata. Lario tuvo que vender un terreno para poder refinanciar el préstamo.

Joaquín García Belmonte, técnico de riego agrícola, 36 años, entró en el proyecto en familia, junto a sus padres, su hermano y su hermana. “Mi padre nos trajo la idea y a todos nos pareció bien. Pensamos: es una inversión de futuro, vamos allá”, recuerda García Belmonte, que entonces tenía 20 años. Cuando llegaron los tiempos malos, su padre, ahora fallecido a consecuencia de un cáncer, fue de los primeros que se movilizaron en defensa de los intereses de los productores, acudiendo a todas las reuniones de la cooperativa y participando en las manifestaciones organizadas por Anpier por todo el país. “Ahora nos encontramos en una situación en la que el promotor del proyecto falleció y no llegará a ver rentabilizada su inversión”, lamenta.

En el caso de Huertas Teruel, se embarcaron en la aventura siete miembros de su familia: sus padres, su hermana, su hermano y su cuñada y su marido y ella. “Mis padres eran agricultores, mi hermano tenía una inmobiliaria, mi cuñada era esteticista. Teníamos situaciones muy diferentes, pero todos lo pasamos mal. Y no nos podíamos ayudar los unos a los otros porque estábamos todos igual”, recuerda esta autónoma de 49 años.

Cuando empezamos, nosotros pagamos la instalación tres o más veces el precio que pagaríamos hoy. Éramos los pioneros, los incomprendidos, molestos para las grandes compañías porque nos habíamos metido en un terreno que era suyo. Éramos las moscas cojoneras", recuerda Francisco Fernández Lindón

Cuando invirtió, ella tenía una niña de dos años y estaba embarazada de la segunda. Trabajaba con su marido en un comercio de cerrajería. Como muchas parejas jóvenes, pensaron que les ayudaría a pagar la universidad de sus hijas.

Teruel y su marido lograron esquivar la refinanciación a base de muchas horas extras de trabajo y de privaciones. “En el banco nos conocían y también nos permitieron mantenernos a descubierto un tiempo, y poco a poco íbamos metiendo dinero cuando lo conseguíamos. Mi marido trabajaba hasta 20 horas diarias para lograr más ingresos, mis hijas sabían que no podíamos permitirnos ningún extra”, relata. “Lo pasamos muy mal. Yo sé lo que es ir al supermercado con la calculadora”.

Cargar con la culpa

A la pesadilla económica se sumó la campaña de culpabilización a la que les sometieron los poderes públicos. “Lo primero que hicieron y que nos dolió mucho fue criminalizarnos; dijeron que teníamos la culpa del precio de la luz. Cuando le contabas a la gente que no llegabas a fin de mes, te decían que tenías la culpa por haber querido enriquecerte a su costa”, asegura. “Cuando veo a mis padres, que eran agricultores y además regentaban un bar, que no han hecho más que trabajar en su vida para que nosotros pudiéramos estudiar, me da mucha rabia”, dice.

Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, explica que se culpó a las primas a las renovables de contribuir al déficit tarifario eléctrico, cuando este fue consecuencia de la limitación de la subida de la luz aprobada en 2002. En el año 2008 arrastraba ya una deuda acumulada de 17.157 millones de euros, sin intereses. El principal problema, asegura, fue la falta de previsión del Gobierno ante la drástica caída en el mercado mundial de los precios de los paneles solares a finales de 2007, que alentó la entrada de grandes empresas y fondos de inversión en muy poco tiempo. Para finales de 2008, se habían construido ya 3.200 MW, más de ocho veces el objetivo inicial fijado para 2010.

“Cuando empezamos, nosotros pagamos la instalación tres o más veces el precio que pagaríamos hoy. Éramos los pioneros, los incomprendidos, molestos para las grandes compañías porque nos habíamos metido en un terreno que era suyo. Éramos las moscas cojoneras”, recuerda Francisco Fernández Lidón, profesor de secundaria ahora jubilado, de 72 años. “Lo indignante es que después de nosotros se metieron de lleno los fondos de inversión. Hemos ido reclamando lo nuestro hasta el Supremo y no nos han dado la razón. Los fondos han reclamado y el Gobierno sí tiene que pagarles”, se indigna Torroglosa.

En 2016, el Tribunal Supremo español dictaminó que aquellos recortes retroactivos eran legales y consideró que los demandantes, en su mayoría pequeños inversores, debían haber previsto el riesgo de cambio normativo.

Los fondos internacionales, por su parte, han recurrido a la justicia internacional, en su mayoría a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, al que estaba adherido España. En total, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se han abierto 51 arbitrajes: 39 se han resuelto ya –diez de ellos a favor de España y tres condenas anuladas–, diez quedan pendientes de sentencia–una de las demandas anuladas ha vuelto a presentarse– y tres demandantes han desistido.

El Gobierno apuesta por agotar todas las vías legales y asegura que ninguno de los laudos se ha llegado a ejecutar. De momento, ha logrado reducir en un 85% la cuantía de las indemnizaciones, de los 10.635 millones de euros reclamados a los 1.476 millones actualmente reconocidos. Otros 1.447 millones están pendientes de resolución.

En 2016, el Tribunal Supremo dictaminó que aquellos recortes retroactivos eran legales y consideró que los demandantes, en su mayoría pequeños inversores, debían haber previsto el riesgo de cambio normativo.

Transición Ecológica recuerda también que “para incentivar la confianza de todos los inversores, nacionales o extranjeros” adoptó en 2019 el Real Decreto-ley 17/2019 que garantiza a las plantas afectadas una rentabilidad razonable del 7,39% hasta el año 2031. Con ello evitó una nueva reducción de la tasa prevista a partir de 2020, que hubiera supuesto una caída al 4,5%. Para acogerse a esta medida, los inversores extranjeros con demandas en cortes de arbitraje debían renunciar a ellas. El Ministerio considera que para 2032 las instalaciones afectadas por los recortes, en su inmensa mayoría construidas antes de 2008, estarán “sobradamente amortizadas”.

Para los afectados, aquella medida fue un alivio que evitó un recorte adicional, pero en ningún caso repara el daño ocasionado. El presidente de la asociación Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, espera que el cambio de la titular de Transición Ecológica permita reanudar las conversaciones con el Gobierno para encontrar “una solución pactada y consensuada que ponga fin a este drama”. De momento, una primera medida que propone es ampliar unos cinco años la vida útil retribuida de las instalaciones.

A pesar de las desilusiones, casi dos décadas después, Jaume Pedrós piensa que la inversión en sí fue buena porque era de futuro. “Sigo creyendo en las renovables. El problema es que no creo en los políticos”, asegura. “Cuando empezamos teníamos en mente ampliar con el tiempo las instalaciones, pero claro, se te quitan las ganas de invertir en este país. Es una pena”, concluye.

“Yo, con recuperar la inversión me conformo. Me consuelo pensando en que al menos algo he participado en la reducción de las emisiones de CO2 ”, dice resignada Dioni Ruiz, esbozando una sonrisa. “Pero lo que más pena me da es toda la gente que se ha quedado por el camino, los que han tenido que vender porque no podían asumir los gastos y también los que han luchado por este proyecto y han fallecido antes de verlo rentable”.