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Deuda millonaria del gobierno de Maduro y producción al alza: claves del veto de Trump a Repsol en Venezuela

Josu Jon Imaz y Antonio Brufau.

Antonio M. Vélez

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El anuncio de Estados Unidos de que retirará las licencias de operación en Venezuela a varias petroleras internacionales, Repsol entre ellas, a partir del próximo 27 de mayo, llega con la petrolera española incrementando su producción en ese país a su nivel más alto desde 2017, en un intento de ir saldando la millonaria deuda que tiene contraída con ella el régimen de Nicolás Maduro desde hace años.

Las acciones de Repsol caían este lunes después del mediodía más de un 2,6% en Bolsa, en una jornada de fuertes retrocesos en los parqués globales ante la amenaza arancelaria de Donald Trump. El veto del presidente estadounidense llega después de que en 2024 la exposición patrimonial de Repsol a Venezuela prácticamente se duplicara, hasta 504 millones de euros (frente a 259 millones de 2023), tras extraer de allí 24,4 millones de barriles equivalentes (Mbep) de petróleo y gas, la cifra más elevada desde 2017, cuando alcanzó los 28 millones Mbep.

La deuda del régimen de Maduro con Repsol data de 2016. En octubre de ese año, la española y la estatal venezolana PDVSA firmaron varios acuerdos para reforzar la estructura financiera de su empresa conjunta Petroquiriquire, creada en 2006, y permitir el desarrollo de su Plan de Negocio.

Con ese acuerdo, Repsol acordó otorgar una línea de crédito de 1.200 millones de dólares que se destinaría al pago de dividendos pendientes, inversiones de capital y gastos operativos, y el Gobierno de Venezuela se comprometió a devolver ese crédito mediante pagos en especie, con la entrega de crudo que luego Repsol procesa en España.

Al cierre de 2024, el saldo de esta deuda histórica todavía sumaba 634 millones de dólares, tras recuperar en un año Repsol 166 millones de dólares y duplicar la exportación de petróleo venezolano en un ejercicio. Hace un año Repsol acordó con PDVSA tomar una participación del 40% de los campos petrolíferos de La Ceiba y Tomoporro para desarrollar estos yacimientos, en una operación valorada en unos 1.590 millones de euros que permitiría a la española duplicar la producción de crudo a través de Petroquiriquire, con la incorporación de 20.000 barriles diarios, y facilitar la recuperación de parte de esa deuda sin incrementar su exposición financiera al país.

Este lunes, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha asegurado que la compañía va a “buscar mecanismos” que le permitan seguir con su actividad en Venezuela. En su participación en el evento 'Wake Up, Spain!' organizado por 'Invertia-El Español', Imaz afirmó que Repsol mantiene un “diálogo abierto y fluido” y con “relación directa con las autoridades americanas”.

“Vamos a ver si somos capaces de buscar mecanismos que puedan permitir que sigamos con nuestra actividad en este país, que nunca ha sido fácil, pero que, lógicamente, tenemos también una responsabilidad en la medida en la que prácticamente una parte importante del sistema eléctrico del país también depende de nuestra producción”, recordó.

Desde 1993

La compañía española está presente allí desde 1993 y Venezuela supone un 27,6% de sus reservas probadas estimadas desarrolladas de gas natural. La relación dio un salto cualitativo a partir de 2009. Ese año la multinacional española anunció el mayor descubrimiento de gas de su historia en el megacampo Perla, en el Golfo de Venezuela, en un desarrollo conjunto con la italiana ENI.

Fue en vísperas de aquella visita a España de Hugo Chávez, que se dejó ver por una conocida librería de la Gran Vía madrileña con el hoy todavía presidente de Repsol, Antonio Brufau, como copiloto. En febrero de 2010, un consorcio de compañías internacionales liderado por Repsol, obtuvo del gobierno venezolano la adjudicación del proyecto Carabobo-1, para extraer crudo pesado en la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las áreas con mayores reservas de hidrocarburos sin desarrollar del mundo.

En 2014, tras sufrir Repsol el zarpazo de la expropiación de la argentina YPF, Venezuela figuraba en los “10 proyectos clave” del grupo con una inversión acumulada de 6.700 millones.

Pero, a medida que esos proyectos en el país caribeño iban avanzando, la compañía tuvo que ir dotando deterioros multimillonarios en sus cuentas por el agravamiento de la situación económica de Venezuela: solo en 2017 esos deterioros sumaron 716 millones, en un ejercicio en el que la exposición patrimonial de Repsol allí era de unos 1.480 millones, casi el triple que ahora.

Ya en el primer mandato de Donald Trump, en enero de 2019, EEUU amplió las sanciones contra PDVSA incluyéndola en su lista negra de entidades sancionadas, aunque Repsol pudo seguir operando allí. En 2023, ya con Joe Biden en la Casa Blanca, se relajaron algunas de las restricciones a las empresas que operan en Venezuela, lo que permitió reactivar actividades conjuntas.

En abril de 2024, el Gobierno de Estados Unidos finalizó el acuerdo general de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) que autorizaba transacciones relacionadas con operaciones del sector de petróleo o gas en Venezuela, aunque unas semanas después concedió una licencia específica que permitió a Repsol continuar sus operaciones allí.

Sin embargo, tal y como advierte el auditor del grupo en su informe sobre las cuentas de 2024, “el cambio en la administración americana el 20 de enero de 2025 ha generado un alto nivel de incertidumbre en relación a la política exterior que se pueda poner en marcha respecto a Venezuela”.

Este lunes, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que el Gobierno estará al lado de Repsol y de las empresas españolas en la guerra comercial emprendida por Trump. En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha querido lanzar “un mensaje de tranquilidad” a la ciudadanía “desde el punto de vista del abastecimiento” por los aranceles de Estados Unidos y su decisión de revocar a Repsol el permiso para extraer crudo de Venezuela.

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha expresado en RNE su deseo de que Repsol pueda seguir operando en Venezuela. El dirigente del PP ha señalado que las empresas “tienen resortes para defenderse” y actuar en favor de sus intereses.

“Eso es lo que nosotros esperamos. Repsol es una empresa con intereses en distintos países. En cada uno de los países tiene que cumplir la normativa vigente en ese país y por lo tanto nosotros deseamos que Repsol pueda seguir operando allí donde lo está haciendo”.

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