- Congreso Derrota del Gobierno en el Congreso: Junts y PNV se unen a PP y Vox y tumban por 183 votos el impuesto a las energéticas
- Política El Gobierno salva la ley estrella de Bolaños a cambio de suspender los desahucios de okupas y abre otro frente con el PNV
Cierre del año en el Congreso con una sesión más agria que dulce para el Gobierno. El bloque de investidura que hasta ahora mal que bien ha sostenido al Ejecutivo da muestra seria de fatiga de materiales. Los aliados se dividen y se enfrentan, sobre todo en lo que respecta a las medidas de carácter económico y principalmente las fiscales. Ahí brotan sin dobleces las ideologías, los principios y los compromisos con los votantes. Cada uno con los suyos poniendo de manifiesto que el apoyo al Gobierno no es unívoco. La derecha liberal se aglutina a un lado y la izquierda, más recaudadora, al otro.
Ayer, este realineamiento de fuerzas propició una rebaja de la factura en impuestos para hogares y empresas que el Gobierno había diseñado para el próximo ejercicio. Según los cálculos del PP, entre las enmiendas aprobadas ayer, las que se lograron introducir en el trámite del Congreso y las medidas que se han conseguido frenar, el ahorro en la factura fiscal para hogares y empresas podría superar los 6.000 millones de euros.
El golpe más duro para Pedro Sánchez llegó de la alianza PP, Vox, PNV y Junts que consiguió con sus votos tumbar una de las medidas fiscales estrella prevista para el nuevo año: el impuesto complementario a las compañías energéticas que, desde 2022 ha sido temporal y ahora pretendía convertirse en estructural y por tanto permanente.
Con 183 votos a favor frente a 166 en contra, el gravamen quedó derogado. Una mayoría que se conjuró en torno a una enmienda del PP, la número 54, que planteaba la supresión de un impuesto que sólo en este año consiguió recaudar 1.100 millones de euros. Junts y PNV siempre se habían mostrado en contra de este gravamen y la enmienda de los populares les ofrecía el camino más corto para acabar con él y «con el fundamento jurídico sobre el que se sustentaba», en palabras de los nacionalistas vascos.
El impuesto ha sido derogado y convierte en papel mojado la promesa que la ministra de Hacienda hizo a ERC, Bildu y BNG de aprobar un real decreto la próxima semana para asegurar su prórroga a partir del 1 de enero. Sin embargo, ese decreto ya no podrá ser de prórroga sino de creación de impuesto y eso es algo que según la doctrina jurídica debe hacerse en todo caso mediante proyecto de ley. Sea como fuere, y aun cuando se encontrara la fórmula para activarlo mediante decreto, este tendría los días contados porque no lograría los votos suficientes para ser convalidado por el Congreso.
Además, PP y Junts cruzándose apoyos consiguieron aprobar también que las ayudas a los trabajadores afectados por la DANA estén exentas de impuestos así como las donaciones que se hagan a las empresas que han sido golpeadas por la riada; la rebaja del 10% al 4% del IVA que se aplica a los productos lácteos fermentados o la bonificación del 100% en las contribuciones de los clubes deportivos por sus entrenadores y monitores no profesionales.
A ello se añade que, en el trámite del Congreso, consiguieron sacar adelante una rebaja del impuesto de sociedades para las pymes que facturan menos de un millón de euros y además han logrado frenar la subida del impuesto al diésel para igualarlo al que grava las gasolinas.
En cartera se mantiene también, a la espera de que el Gobierno desbloquee la negociación de la ley sobre derechos de emisión de CO2, la posibilidad de suprimir el impuesto del 7% a la generación de energía eléctrica, un impuesto que pagan hogares y empresas pero que se encargan de recaudar las compañías.
El paquete fiscal del Gobierno que se construyó a base de añadidos en torno a la transposición de la directiva comunitaria que obliga a que todas las multinacionales paguen un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, ha quedado a lo largo de su tramitación considerablemente desflecado.
Finalmente, tal y como se aprobó ayer, implica la creación de un gravamen permanente sobre los intereses y las comisiones bancarias; un impuesto a los cigarrillos electrónicos; un aumento de la fiscalidad del tabaco y un incremento de dos puntos en el IRPF para los rendimientos del capital superiores a 300.000 euros.
Pero si el golpe para el proyecto impositivo del Gobierno fue fuerte, más duro aún ha sido el varapalo político. La alianza de Junts y PNV con PP y Vox para conformar una mayoría ha venido a poner de manifiesto una vez más y en un terreno sensible la debilidad parlamentaria del Ejecutivo y el frágil equilibrio de fuerzas sobre el que se sostiene.
La alianza de la derecha generó de inmediato reacciones políticas con un coro de voces enfrentadas. De una parte, Bildu arremetiendo contra el PNV, su principal adversario en el País Vasco; de otra, ERC atacando a Junts y lanzando la advertencia de que todo esto no es sino un primer paso de una estrategia profunda que acabará consolidando el maridaje de «la derecha catalana y la española».
Los protagonistas lo niegan. Junts y PNV aseguran que no participarán nunca de un pacto de gobierno en el que esté Vox. El PP por su parte afirma que no ha negociado nada con el PNV a quien considera atado a los socialistas por gobernar juntos en Euskadi, pero sí admite haber mantenido contactos parlamentarios a varios niveles con Junts. En este caso, ni los populares ni los neoconvergentes descartan la posibilidad de llegar a nuevos acuerdos.